La rebelión en el puerto se extiende a los operadores
Los operadores del puerto de Buenos Aires extendieron su rebelión contra el cobro de una nueva tasa a cargo de una empresa ligada al jefe de la CGT y del sindicato de camioneros, Hugo Moyano. Los colaboradores del dirigente en el sector portuario lograron convencer a los transportistas de levantar un bloqueo realizado el lunes en todas las terminales, pero el conflicto se trasladó de inmediato a los exportadores e importadores. La disputa está basada en un certificado que, a un valor total de 17 dólares (u$s 14 más IVA), pretende cobrar Ivetra, una empresa dirigida por el ex juez Daniel Llermanos, actual abogado del sindicato de camioneros, para financiar un proyecto de inversión de 16 millones de dólares en un playón otorgado, sin licitación, al gremio por la Administración General de Puertos, como publicó este diario el 21 de abril pasado.El bloqueo del lunes estuvo protagonizado por empresarios de la Asociación Civil Transportistas del Puerto de Buenos Aires (ATPBA). Son los dueños de pequeñas flotas de camiones. El presidente de la entidad, Miguel Favale, le dijo a Crítica de la Argentina que su sector no estaba dispuesto a asumir un nuevo cargo, que representa entre 10 y 13% del valor de sus fletes.En medio de la protesta, los transportistas fueron recibidos por autoridades de la AGP, las terminales y por el propio Llermanos. A última hora de anteayer, el ex juez aceptó firmar un documento con el compromiso de que los transportistas no tendrán que pagar la tarifa, y que ese costo deberán asumirlo los exportadores e importadores.Ayer explotó la polémica en esos sectores. Desde las cámaras que agrupan a los importadores y a los exportadores de mercaderías rechazaron el nuevo cargo por entender que no existe una normativa que lo fije.A su vez, el presidente de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, juzgó como “un abuso de poder” que una empresa privada, como es el caso de Ivetra, termine por arrogarse las facultades de inspección del tráfico vehicular dentro del puerto y del cumplimiento de las normativas laborales con los choferes de los camiones.Según el directivo, se trata de dos facultades “indelegables del Estado”.El conflicto amenaza con paralizar el comercio internacional de la Argentina. Por ese motivo, se espera que en las próximas horas intervenga directamente el Gobierno.
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